Venta ambulante en La Costa: el curro que caduca en diciembre 🌊

El 2 de diciembre de 2025 no es un día cualquiera. Ese martes vence la ordenanza 5250, promulgada en 2023, que entregó la concesión de la venta ambulante en playa a una entidad muy particular: la Asociación de Vendedores Ambulantes Zona Sur, reconocida como “Entidad de Bien Público Municipal” por decreto 574/2018.

En la práctica, la ordenanza les dio algo más que papeles: el monopolio del negocio. La asociación pasó a decidir quién trabajaba, cómo se controlaba y hasta a quién perseguir. Un “Estado paralelo” con sello municipal.

📜 Del ordenamiento al feudo playero

La letra de la ordenanza hablaba de “ordenar la actividad”. Traducido: tercerizar la gestión de la playa.

• Permisos administrados por la asociación.

• Inspectores propios con poder de policía.

• Municipalidad mirando para otro lado.

La venta ambulante —ese oficio que durante décadas fue el salvavidas económico de cientos de familias— terminó regulada como si fuera una concesión privada de kioscos playeros.

💰 El negocio de los permisos

Las denuncias son repetidas: “cuatro o cinco vivos” manejando permisos, reventa de carnets y favoritismos para los cercanos al poder. Según publicó ensobrados, hay testimonios que hablan de un mercado negro paralelo, donde trabajar en la playa depende más de contactos que de necesidad real.

Mientras tanto, vecinos de carne y hueso quedaron afuera: padres de familia que viven todo el año en La Costa y que, en temporada, buscaban sumar unos pesos con la heladerita o los churros.

🧍‍♂️ Los nombres que aparecen

• Asociación de Vendedores Ambulantes Zona Sur: la institución reconocida oficialmente y concesionaria de la ordenanza 5250. Tiene sede en construcción en San Bernardo (Mitre y Belgrano).

• Fernando Díaz: presidente de la asociación, que en entrevistas celebró el “furor” de la venta en playa y la organización del sector.

• Juan de Jesús: el intendente actual, que defendió el sistema con el argumento de “beneficiar a las familias locales” y puso como requisito 10 años de residencia para obtener permisos.

Lo curioso es que, más allá de los discursos, no existe transparencia pública sobre cómo se asignaron los cupos, cuánto dinero recaudó la asociación ni en qué condiciones se contrató a sus inspectores.

🏖️ La trampa de la “residencia”

De Jesús dijo que para ser vendedor había que acreditar 10 años de residencia en La Costa. Una exigencia insólita:

• Sirve para cerrar la puerta a nuevos vecinos que buscan oportunidades de trabajo.

• Funciona como filtro discrecional: ¿quién controla si el papel es verdadero o falso?

• Y, de paso, habilita la discreción para premiar a los “amigos” y castigar a los que no se alinean.

En otras palabras: un feudo disfrazado de política laboral.

🔍 Lo que se viene después del 2 de diciembre

La ordenanza cae, y con ella el blindaje institucional de la Asociación de Zona Sur. La gran incógnita:

• ¿El Municipio retomará el control real de la venta ambulante?

• ¿O inventarán una nueva figura para reciclar el negocio en manos de los mismos?

La presión social es clara: que los permisos vuelvan a ser administrados por la Municipalidad, con cupos para residentes comprobados (sí, pero sin absurdos 10 años) y con inspectores municipales, no empleados de una asociación.

⚠️ Un modelo repetido

La concesión de la venta ambulante no es un caso aislado. En La Costa, el esquema se repite: entregar espacios públicos a entidades amigas con la excusa de “ordenar” y terminar generando cajas paralelas de recaudación.

Si el 2 de diciembre solo cambia la carátula pero no el sistema, la temporada 2026 volverá a ser un negocio para pocos y un calvario para los vecinos.

🎤 En resumen

Lo que se vende en la playa no son solo churros, helados o bijouterie: se vende el derecho a trabajar. Y mientras ese derecho siga tercerizado, los costeros seguirán pagando un precio demasiado alto por ejercer lo que debería ser una oportunidad básica de temporada.

El 2 de diciembre puede ser el fin de una ordenanza… o la confirmación de que, en La Costa, los curros nunca mueren: apenas cambian de disfraz.

🌎 Comparativa con otros destinos turísticos

🏖️ Mar del Plata: el “permiso municipal clásico”

En Mar del Plata, la venta ambulante en playa está bajo control directo de la Municipalidad de General Pueyrredón.

• Los permisos se gestionan en la Dirección de Inspección General.

• No hay asociaciones con poder de policía: los inspectores son municipales.

• Cada temporada, se abren cupos con requisitos sanitarios y de seguridad.

¿Hay irregularidades? Sí, siempre aparecen. Pero al menos el circuito es claro: el Estado controla, no una asociación paralela.

🌲 Pinamar: el modelo restrictivo

En Pinamar, el intendente Martín Yeza primero y Juan Ibarguren después, se inclinaron por un esquema mucho más restrictivo.

• Se habilitan muy pocos rubros y con cupos limitados.

• El objetivo: no “ensuciar” la postal de playa que el marketing inmobiliario vende.

• Resultado: menos vendedores locales y más denuncias por persecución selectiva de inspectores.

Allí el negocio no pasa por una asociación, sino por directas decisiones políticas de la intendencia.

🏝️ Villa Gesell: el híbrido

Gesell aplica un sistema “a la carta”:

• La Municipalidad otorga permisos directos.

• Pero hay rubros en los que se permiten acuerdos con cooperativas de vendedores.

• Eso sí: la fiscalización sigue siendo municipal.

Un modelo intermedio que, al menos, no delega la autoridad de control.

📌 El contraste con La Costa

Mientras Mar del Plata y Pinamar —con todas sus falencias— mantienen el control en manos del Municipio, en La Costa se inventó un esquema único:
👉 entregarle la concesión completa a una asociación que, además de otorgar permisos, tenía inspectores propios.

Traducido: un Estado dentro del Estado, sin rendición de cuentas, con la playa convertida en coto cerrado para quienes manejaban esa asociación.

⚖️ La conclusión que duele

Si Mar del Plata pudo armar un sistema con inspección municipal, si Pinamar (con toda su soberbia elitista) administra sin ceder poder a terceros, y si Gesell mantiene un esquema mixto pero con control estatal… ¿por qué en La Costa se regaló el corazón económico de la playa a una asociación con sello de “bien público”?

La respuesta es obvia: porque en La Costa no se gobierna, se administra el curro.