
La baja de imputabilidad en Argentina volvió a la agenda política con fuerza luego de que el Gobierno confirmara que enviará al Congreso un proyecto para juzgar penalmente a menores desde los 13 años.
Otra vez el péndulo va para el mismo lado.
El Gobierno nacional argentino confirmó que enviará al Cámara de Diputados el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, aprovechando las sesiones extraordinarias de febrero.
La escena es conocida: delito aberrante, conmoción social, conferencia seria, palabras duras y una promesa clara —mano firme—.
La pregunta incómoda, la de siempre: ¿esto soluciona algo o solo calma la bronca por un rato?
El texto que impulsa el Ministerio de Justicia de la Nación busca que los menores de 13 años que cometan delitos graves puedan recibir una respuesta penal “acorde a sus actos”.
Traducido: que ya no queden afuera del sistema.
Desde la Casa Rosada repiten el mismo libreto:
el régimen actual es “obsoleto”
hay un “vacío legal”
y existe una “demanda social creciente”
Todo suena razonable… hasta que uno mira qué se hace además del castigo.
Aunque el objetivo oficial es bajar la edad a 13, en el Congreso ya se habla de una salida intermedia en 14 años para destrabar acuerdos en comisión.
Porque en Argentina hasta la edad penal entra en la rosca.
No es ciencia, no es psicología, no es criminología: es aritmética parlamentaria.
El proyecto aclara que los menores no irían a cárceles comunes, sino a establecimientos especiales.
Lindo en el papel.
Problema:
hoy esos lugares no existen
los que existen están desbordados
y el presupuesto nunca llega primero a prevención
O sea: primero bajamos la edad, después vemos dónde meterlos.
Planificación nivel “armemos el avión en el aire”.
El disparador fue el asesinato de un adolescente de 15 años, torturado y matado por otros menores en Santa Fe.
Un hecho brutal, imposible de relativizar.
Pero legislar en caliente nunca fue buena idea.
La historia argentina está llena de leyes nacidas del espanto… y muertas por inutilidad.
Si Diputados da media sanción, el proyecto pasará al Senado de la Nación Argentina en marzo, justo con la apertura del año legislativo.
Ahí se esperan:
cambios
retoques
discursos grandilocuentes
y el clásico “esto no alcanza, pero es un paso”
Ese paso que nunca llega a destino.
Bajar la edad de imputabilidad no baja el delito por sí sola.
Eso lo dicen los datos, no los opinólogos.
Lo que sí baja es:
la complejidad del debate
la responsabilidad del Estado
y el foco en prevención, educación y contención
Es más fácil castigar antes que llegar antes.
La inseguridad es real.
El dolor social también.
Pero responder solo con el Código Penal es confundir justicia con venganza administrativa.
Si el Estado llega recién cuando hay sangre, ya llegó tarde.
Y bajar la edad sin subir la inversión es apenas marketing punitivo
Edad que se quiere bajar: 13 años
Edad a la que llega el Estado: tarde
Institutos prometidos: en PowerPoint
Prevención real: mínima
Bronca social: altísima
Solución estructural: ausente
Probabilidad de que el tema vuelva en la próxima tragedia: 100%
Diagnóstico final:
Cuando no saben cómo cuidar a los pibes, empiezan a juzgarlos antes.