
En Villa Gesell, hablar de “protección ambiental” se volvió como hablar del dólar blue: todos fingen que no lo miran, pero todos saben cuánto vale.
El intendente Gustavo Barrera repite desde hace años que su gestión defiende los espacios naturales. Pero mientras él posa en inauguraciones verdes, las topadoras avanzan en los médanos. Y ahora la justicia podría pedirle explicaciones.
Según denunció el concejal Luis Vivas, el municipio habría ignorado una medida cautelar que prohibía nuevas construcciones en zonas costeras protegidas. La orden judicial, emitida el 8 de noviembre de 2023, no deja dudas: “no otorgar permisos de obra” en áreas restringidas.
Pero, según la denuncia presentada ante la UFEC N°4 de Dolores, el municipio siguió firmando habilitaciones como si el fallo no existiera.
El abogado Damián Martínez fue claro: “La notificación fue oficial, llegó en tiempo y forma. No hay margen de error”. Si se comprueba, el delito es desobediencia judicial, con penas de hasta un año de prisión.
O sea, el intendente podría haber pasado de “defensor del ambiente” a acusado por violar una orden judicial.
Mientras los geselinos se pelean por construir una habitación más sin que les caiga el inspector, en la costa aparecen obras con ritmo de récord.
¿Quién controla? ¿Quién habilita? ¿Y por qué siempre parece que las excepciones favorecen a los mismos empresarios turísticos?
El doble discurso municipal es tan grande como los carteles de “obra autorizada” que florecen frente al mar.
De día se hacen posteos con fotos de limpiezas costeras y campañas ecológicas; de noche, se firman permisos con olor a hormigón fresco.
En Gesell, cada metro cuadrado parece tener dueño antes de que se trace el plano.
Las constructoras amigas, los desarrolladores “bendecidos” y los empresarios que aparecen en todas las licitaciones son parte de una red que transformó el paisaje natural en negocio.
Y cuando la justicia dice “freno”, desde el municipio responden con un “vemos”.
La denuncia de Vivas no solo apunta a un error administrativo: habla de un modelo de gestión que avanza sobre el ambiente a cambio de rentabilidad política y económica.
El escándalo llega en mal momento. Barrera todavía arrastra la sombra del caso Dubrovnik, esa mezcla de permisos dudosos, negocios turísticos y descontrol público.
Ahora, con esta nueva denuncia, el relato verde se desmorona: la costa “protegida” es, en realidad, una zona liberada para los que tienen padrino político.
En los grupos locales ya se cocina el debate:
unos defienden las obras porque “traen progreso”, otros las cuestionan porque destruyen la identidad natural del pueblo.
Mientras tanto, el intendente guarda silencio.
Quizás esté esperando que la marea baje… o que la justicia se distraiga.
Pero lo cierto es que la paciencia vecinal también tiene su límite, y los médanos que hoy desaparecen no solo se llevan arena: se llevan credibilidad.
El expediente judicial apenas empezó, pero el daño ambiental ya está hecho.
Y aunque el municipio intente vestir de “progreso” lo que huele a negocio, hay algo que ningún comunicado puede tapar: la costa no se vende, se defiende.